Juicio

El Tribunal Supremo de Japón ha declarado al gobierno japonés como parte responsable en la extensión de la “Enfermedad de Minamata” (envenenamiento por mercurio ocurrido entre los años 50 y 60), cerrando años de litigios por este caso de contaminación del medio ambiente. Era el primer juicio del Tribunal Supremo por responsabilidades gubernamentales durante los 48 años de historia de esta enfermedad.
El juez Hiroharu Kitagawa mantuvo la resolución de un tribunal superior del año 2001 que obligaba al gobierno central y un gobierno local a compensar a las víctimas junto con la empresa química Chisso Corp. La corte pidió a los gobiernos un total de 71.5 millones de Yenes, más de medio millón de euros, para pagar a 37 de los 45 demandantes, según declaraciones de Kenichi Yokota, funcionario de un grupo de ayuda a los demandantes. "Esta es una decisión muy importante para nosotros", declaró Yokota a BLOOMERANG.COM, "la cantidad de indemnización es demasiado baja, pero era bueno que el Tribunal Supremo mantuviera la decisión anterior".
La enfermedad mató a centenares de personas, dejo millares de enfermos y produjo defectos de nacimiento en la ciudad de Minamata, en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu. El envenenamiento fue causado por los pescados y mariscos contaminados con metilmercurio a partir de los vertidos que Chisso realizó en la bahía local. Chisso, establecida en Minamata en 1908, utilizaba mercurio metílico para obtener acetaldehído, un material para el cloruro de polivinilo (PVC). La enfermedad de Minamata fue detectada en 1953.
La compañía realizó vertidos, sin ningún tipo de tratamiento en la bahía de Minamata hasta 1968, cuando el gobierno estos vertidos como la causa de la enfermedad.
Antecedentes del caso Minamata
El gobierno de Kumamoto tomó medidas sobre la mejora de la calidad del agua y sobre los pescados envenenados en la bahía de Minamata hasta 1997, cuando declaró la calidad del agua como normal.
Este pleito era el último pendiente sobre el caso Minamata después de que otros fueran retirados tras las propuestas establecidas por el Gobierno en 1995.
La corte de distrito pidió en 1994 a la empresa Chisso que indemnizará a algunos demandantes, mientras que declaraba no responsables a los gobiernos, lo que fue derogado en 2001 por el tribunal superior de Osaka, que dijo que los gobiernos centrales y locales también eran responsables. El tribunal superior ordenó a los gobiernos y a compañía pagar un total de 320 millones de Yenes, unos 2,3 millones de euros, a los demandantes. Los gobiernos y los demandantes recurrieron al Tribunal Supremo, argumentando, entre otras cosas, que los gobiernos deberían haber prohibido el consumo de los pescados y de moluscos locales.
El tribunal superior mantiene que las autoridades fallaron en su obligación de mantener limpias las aguas prevenir el envenenamiento.